La solvencia y los CPV en los contratos públicos.

Los Códigos CPV son un código numérico que permite identificar y unificar el objeto de los contratos, en todo el ámbito de la UE.  Las normas sobre contratación pública exigen que los anuncios de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyan los códigos que definan las prestaciones objeto del contrato con arreglo al Vocabulario Común de Contratos o “CPV” (de Common Procurement Vocabulary).

Estos códigos se regulan en el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), que establece un sistema de clasificación único aplicable a la contratación pública, con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de sus contratos.

El uso adecuado de estos códigos facilita a las empresas interesadas la identificación y localización de los contratos licitados.

Los CPV pueden servir a efectos de la solvencia técnica o profesional. Así para determinar que un servicio o un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir al CPV. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

 

Ahora bien, en la práctica pueden surgir dudas en la acreditación de la solvencia técnica al aplicar la regla de atender a los tres primeros dígitos del código CPV del contrato.

Puede suceder que el código CPV de los contratos realizados no sea el que refieren los pliegos, pero las prestaciones sí sean análogas o similares;  o a la inversa, que sea un CPV general, y que las prestaciones concretas del contrato realizado no se corresponda con las prestaciones de la licitación cuya solvencia es objeto de examen.

Por ejemplo, en un contrato de servicios de gestión de bibliotecas, se discute la solvencia en relación con la experiencia de un licitador que aporta contratos cuya clasificación CPV coincide con parte del objeto del contrato licitado.  En este caso, la empresa aporta contratos con la clasificación encuadrada en la CPV 79992000-4 “servicios de recepción”, pero no con las otras dos y principalmente con la más importante de este contrato, la CPV 79995000-5 “servicios de gestión de bibliotecas”, según indica la propia denominación del contrato.

La exigencia de que los contratos sean de prestaciones similares o análogas no implica que estos contratos deban tener un objeto idéntico al que se licita, en todo caso. Por tanto, el problema se centra en determinar cuál debe ser el alcance de la expresión “asistencias análogas o similares”, teniendo en cuenta que la aplicación de este concepto jurídico indeterminado solo puede ofrecer una solución justa: el contrato a considerar, o es o no es análogo o similar.

Aquí la ley fija un criterio para determinar cuando el objeto tiene similar naturaleza, que no es otro que la igualdad entre los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. En este sentido, como hemos comprobado, la CPV de los contratos aportados por la reclamante es 79992000-4, cuyos tres primeros dígitos coinciden con los de las tres CPV que conforman el objeto del contrato (79995000-5, 79992000-4 y 79620000- 6), por lo que a primera vista esto sería suficiente para entender cumplidas las exigencias de solvencia.

No obstante, el Tribunal Central de Recursos Contractuales ha entendido en ocasiones que ello no es suficiente. Como manifiesta el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en su Resolución nº 264/2018 (Recurso nº 159/2018), “Para analizar la primera cuestión el recurrente parte de una forma, a juicio de este Tribunal, excesivamente estricta del criterio (…) que parte de la comparación de los sistemas de clasificación de productos y servicios, en particular, el CPV, considerando suficiente que los servicios compartan los dos primeros dígitos. Este criterio pretende dar pautas interpretativas sobre lo que ha de entenderse como “servicios similares”, pero no supone que haya que estar estrictamente al CPV que se haya incluido en los pliegos, sino que es necesario analizar el conjunto de prestaciones que son objeto de licitación, según el PPT, comparándolas con la descripción del objeto del contrato que en su caso se contenga en los certificados o declaraciones responsables aportadas como medio de acreditación del requisito”.

 

De forma similar se manifiesta la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, en el Informe 7/2016, de 22 de diciembre al decir: “3. La literalidad del precepto indicado conduce a la admisión, como solvencia, de todos los servicios previos en los que se produzca la referida igualdad de dígitos.

Sin embargo, la aplicación estricta de tal regla de correspondencia puede ocasionar la problemática que se señala por el órgano consultante, pues en algunos casos, la aplicación de dicha regla daría como resultado la admisión, como solvencia, de servicios previos que no guardan relación alguna con el objeto del contrato, aun produciéndose la correspondencia en dichos dos primeros dígitos, por lo que difícilmente puede reconocerse que sean, en verdad, servicios de igual o similar naturaleza. Tales circunstancias plantean la duda sobre si la indicada regla de la correspondencia es de aplicación estricta en todo caso, o admite algún tipo de concreción. Para ello, es insoslayable atender a otros preceptos del propio TRLCSP, de alcance más general, para decidir si es dable la especificación que se propone por el órgano consultante. Y así debemos acudir a los artículos 62.2 y 78.1 del TRLCSP.

Ambos preceptos, por tanto, disponen un mandato legal general que expresa la perentoriedad de la vinculación de la solvencia exigida con el objeto del contrato, por lo que el artículo 67 del RGLCAP debe interpretarse necesariamente a su luz, de suerte que en aquellos supuestos en los que la aplicación estricta de la regla de la correspondencia de dígitos pudiera cercenar la exigida vinculación o conexión con el objeto, sería preceptivo que los órganos de contratación hicieran un esfuerzo de concreción en los pliegos sobre qué ha de entenderse por servicios similares, aunque siempre dentro de aquellos servicios en los que concurra la referida igualdad de dígitos.

En caso contrario, se estaría vulnerando los precitados artículos 62.2 y 78.1 del TRLCSP.”

 

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Ana Jose Ganga

Abogada

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