¿Cuándo interponer un recurso especial de contratación?

El recurso especial de contratación es un recurso administrativo que se resuelve por un órgano administrativo independiente, diferente de la entidad contratante, que puede ser el Tribunal Central de Recursos Contractuales o el equivalente autonómico.

La Ley de Contratos 9/2017 establece los supuestos en los que se puede interponer.  Y en los casos que no proceda, el recurso administrativo será el ordinario de reposición o de alzada.

El recurso especial en materia de contratación es potestativo, esto es a elección del recurrente y previo a la vía judicial. Ahora bien, en aquellos contratos que sean susceptibles de recurso especial no procederá la interposición de recurso administrativos ordinarios.  La elección del tipo de recurso administrativo no es del licitador, sino que viene determinada por los parámetros que indica la propia ley.

  1. ¿Qué contratos son susceptibles de recurso especial de contratación?

  • Contratos de obras, cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.
  • Contratos de suministro y servicios, que tengan un valor estimado superior a cien mil euros.
  • Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición y sus contratos basados o específicos siempre y cuando su tipología, obras, suministros o servicios, cuyos valores superen los umbrales anteriores. No supone que cada contrato basado o especifico deba superar el umbral de la tipología concreta (3.000.000€ para obras y 100.000€ para servicios y suministros, sino que se refiere al valor estimado del acuerdo marco, o sistema dinámico inicial.
  • Contratos administrativos especiales, que tengan un valor estimado superior a cien mil euros.
  • Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

 

2. ¿Qué actos podemos impugnar?

  • Anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales, como memorias técnicas o económicas.
  • Actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación:
    • Que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación.
    • Determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento.
    • Produzcan indefensión o perjuicio irreparable para los intereses de los licitadores.

En todo caso los actos de la mesa o del órgano de contratación tanto en el caso de inadmisión de candidatos como de admisión o exclusión de las ofertas anormalmente bajas.

Si la Mesa formula una propuesta de exclusión al órgano de contratación, éste dictará el acto recurrible, aceptando o no la propuesta de la mesa.  Si es la Mesa la que acuerda por sí misma la exclusión, este acto sí será recurrible.

El acto administrativo emanado del órgano de contratación aceptando la propuesta de clasificación de ofertas efectuada por la mesa, será recurrible. No así la propuesta de la mesa de Contratación de clasificación de ofertas. [Resolución del TACRC 412/2021, 16 de abril (LA LEY 86078/2021)]

  • Acuerdos de adjudicación.
  • Formalización del contrato. Algunos tribunales consideran que es un acto posterior a la adjudicación y por lo tanto no es recurrible. Por el contrario, otros Tribunales defienden, con buen criterio que el acto de formalización de la adjudicación es complementario al de la adjudicación ya que no pueden existir el uno si el otro y en consecuencia debe ser considerado acto recurrible. Resolución del TCCSP 229/2019 de 3 de julio.
  • Modificaciones basadas en el incumplimiento de los artículos 204 y 205 por deber ser objeto de nueva adjudicación.
  • Formalización de encargos a medios propios que no cumplan los requisitos legales.
  • Acuerdos de rescate de concesiones.

Es importante señalar que los defectos de tramitación no recurribles por no considerarse tramites cualificados podrán ponerse de manifiesto ante el órgano gestor o el de contratación para su corrección, sin perjuicio de que puedan ser alegados al recurrir la adjudicación.

Los meros errores que tengan la consideración de errores de hecho, materiales o aritméticos, de conformidad con el art. 109.2 de la LPAP/2003, podrán ser corregidos por el órgano de contratación sin mayor trámite.

Los actos de las Administraciones no recurribles mediante recurso especial podrán ser objeto de los recursos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

3. Órgano competente para resolver el recurso.

  • Sector público estatal:
  • Comunidades Autónomas, se establece en sus normas respectivas
    • Podrán crear un órgano independiente.
    • Podrán atribuir la competencia al TACRC: Por convenio con la Administración General del Estado y mediante pago de precio.
  • Corporaciones Locales, se establece por las normas de las CC AA con competencia normativa y de ejecución en régimen local y contratación.
    • Sin previsión expresa corresponderá al órgano que la CC AA haya atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito.
    • Ayuntamientos de municipios de gran población y Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado.

4. Plazo para interponer el recurso especial de contratación pública.

El plazo general para la interposición de un REMC será de 15 días hábiles desde la notificación o publicación del acto, o desde que se hubiera tenido conocimiento de la infracción.

Cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el art. 39, ap. 2, letras c), d), e) o f):  30 días a contar desde la publicación o notificación de la formalización del contrato.

En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.

5. Legitimación para interponer recurso.

Podrá interponerlo cualquier persona física o jurídica, cuyos derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos, sean perjudicados o afectados directa o indirectamente.

La legitimación debe entenderse en sentido amplio.  Se considera interesado a aquel que de la resolución del conflicto obtenga algún interés.

6. Tramitación y resolución.

La interposición del recurso se efectuará mediante escrito en el que se hará constar el acto recurrido, el motivo en que se fundamenta, los medios de prueba que pretenda hacer valer y las medidas cautelares.

La suspensión del procedimiento es automática cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato, como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato.

El plazo para notificar la resolución del recurso es de dos meses desde su interposición. El silencio es desestimatorio.

Contra la resolución dictada cabrá recurso judicial contencioso-administrativo.

 

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Ana Jose Ganga

Abogada

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